¿Y los autores intelectuales?

Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
Boletín el Daltoniano
Noticias sobre la resistencia popular y las juventudes

Finalmente, después de tres intentos fallidos, se realizó la audiencia inicial contra los presuntos autores materiales del asesinato del ambientalista, promotor cultural y dirigente político Gustavo Marcelo Rivera Moreno. El pasado viernes 30 de julio, el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador dictaminó que los seis acusados sean enjuiciados por ese crimen cometido en junio de 2009.

Para la Mesa Nacional frente la Minería Metálica, dicha decisión judicial es positiva; pero insuficiente. Es positiva en tanto se procesa a pandilleros que actuaron como sicarios y, por tanto, como responsables materiales; pero insuficiente porque no se investiga a los autores intelectuales, a pesar de los indicios sobre posible responsabilidad intelectual que la Fiscalía General de la República omite sospechosamente.

La principal línea de investigación, en este sentido, podrían ser las persecuciones y amenazas que Gustavo Marcelo sufrió debido a su férrea oposición a los proyectos mineros de Pacific Rim y a su lucha decidida contra el fraude electoral en San Isidro, durante los comicios legislativos y municipales del 18 de enero de 2009, en los que resultó reelecto el alcalde arenero José Ignacio Bautista.

Ayer, en conferencia de prensa, representantes comunitarios de Cabañas y de las organizaciones de la Mesa reiteraron su demanda de una investigación “integral, profunda y exhaustiva”, como la ordenada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que permita la identificación de todos los responsables intelectuales y materiales de la desaparición forzada, torturas y asesinato de Rivera Moreno.

Así mismo insistieron en que se investigue a todos los responsables intelectuales y materiales de los demás crímenes contra ambientalistas en Cabañas: asesinato de Ramiro Rivera y Dora Sorto, amenazas a periodistas de Radio Victoria y al reverendo Neftalí Ruiz, atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla e intento de asesinato a Francisco Pineda, del Comité Ambiental de Cabañas.

En la misma conferencia, miembros del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) y de la Mesa denunciaron vejaciones que sufrieron en Guatemala, el mismo 30 de julio, cuando viajaban a la capital del vecino país para reunirse con funcionarios de la Procuraduría de Derechos Humanos, con quienes coordinan acciones contra la mina Cerro Blanco, ubicada cerca de nuestra frontera.

Nelly Rivera, David Pereira y Cidia Cortez, fueron privados de libertad y víctimas de robo, junto al sacerdote franciscano Armando González y una colaboradora suya en la lucha contra este proyecto de la canadiense Gold Corp. Y, a pesar de que la mina podría contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa, el gobierno salvadoreño no ha protestado ante su similar guatemalteco.

Los representantes de CEICOM no descartan la posibilidad de que los hechos denunciados estén relacionados con su activismo contra la minería de metales transfronteriza. En su opinión, podría tratarse de actos intimidatorios que busquen hacerles desistir de su labor en defensa del medioambiente y la vida. “Una estrategia de las empresas mineras, para desarticular la resistencia, es la intimidación y el terror”, señalaron.

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